jueves, 18 de junio de 2009

LOS ULTIMOS AÑOS DEL FRANQUISMO



La crisis del petróleo de 1973 dejó al descubierto los problemas del desarollo español en la década anterior. El modelo de crecimiento español había generado profundos desequilibrios regionales y una tremenda dicotomía entre el campo y la ciudad. El tejido industrial carecía de la flexibilidad necesaria para hacer frente a una crisis, debido al excesivo intervencionismo institucional; las infraestructuras eran más que deficientes, la economía era profundamente inflacionista, la entrada de capitales extranjeros era insuficiente y el Estado dependía en exceso de las divisas aportadas por los emigrantes y el turismo.

A todo ello se sumaba el problema del desempleo, la economía española era incapaz de absorber toda la mano de obra del país y sólo la emigración ponía remedio a esta situación.

La industrialización y el desarrollo iniciado en la década de 1960 provocaron una transformación en la sociedad española, que dejó de ser una sociedad agrícola para convertirse en una sociedad industrial y urbana. Este cambió provocó un fuerte crecimiento de las ciudades en detrimento del campo que sufrió una auténtica sangría poblacional provocada por la falta de trabajo y las ganas de prosperar de la sociedad.

El crecimiento de las ciudades fue desequilibrado, ya que se concentró en el País Vasco, Cataluña, Valencia, Zaragoza y Madrid; regiones y ciudades que concentraban los principales focos industriales. La sociedad española de la década de 1970 presentaba las peculiaridades de un país moderno, aunque existían importantes diferencias estructurales, como la todavía alta tasa de población agrícola, el alto grado de pluriempleo y la escasa presencia de la mujer en el mundo laboral.

En los últimos años del franquismo el bienestar social alcanzó a todas las capas de la población en diferentes grados.

La jornada laboral pasó de 48 horas en 1964 a 44 en 1975. Del desarrollismo emergió una clase media nacida del esfuerzo y la austeridad, del pluriempleo y de las largas jornadas laborales.

Sin embargo, al final del franquismo, aún existían importantes desequilibrios sociales y un pequeño grupo privilegiado que acumulaba una parte importante de la renta nacional. No obstante, el progreso económico permitió ampliar la capacidad asistencial del Estado, así, la Seguridad Social, que inicialmente sólo cubría a los trabajadores industriales, se amplió a la población agrícola (1964), a los trabajadores autónomos (1971) y desde 1972 a toda la población. Algo parecido ocurrió con la educación.

A finales del franquismo la escuela primaria se convirtió en obligatoria, el número de alumnos de Educación Secundaria creció notablemente y la población universitaria se incrementó en un 500% entre 1970 y 1975. No obstante, este crecimiento tuvo que enfrentarse a una escasez notable de instalaciones y recursos.

La modernización de la sociedad provocó un paulatino desinterés y abandono de las costumbres inspiradas en la moral tradicional. El bienestar, la influencia del turismo y la reforma eclesiástica emanada del Concilio Vaticano II impulsaron nuevos hábitos en la sociedad española a los que el franquismo no fue capaz de dar respuesta, produciéndose un progresivo alejamiento entre el régimen y los ciudadanos. En la década de 1970 cientos de religiosos se involucraron en actividades de oposición al régimen, participando en movimientos sindicales, universitarios y políticos, lo que provocó una violenta reacción de grupos de extrema derecha como los Guerrilleros de Cristo Rey.

A mediados de la década de 1960 el franquismo entendió que tenía que realizar reformas para ajustarse a la evolución social, el resultado fue la Ley Orgánica del Estado, una tímida reforma administrativa. Los sectores reformistas, encabezados por Manuel Fraga, se sintieron decepcionados, la sociedad se sintió ignorada y continuó el proceso de alejamiento ideológico de un franquismo anclado en el pasado.

El reformismo franquista se extendió a la Ley de Prensa (1966), que supuso el fin de la censura previa; la Ley de Libertad Religiosa (1967), que con severas restricciones permitió una cierta libertad de culto; y la Ley de Representación Familiar (1967), que abrió las Cortes a la sociedad. Pese a estas leyes, los años sesenta supusieron una oportunidad perdida para liberalizar el régimen y canalizar la profunda transformación social que vivía España. Por ello, a partir de finales de la década de 1960 y hasta el final del franquismo, la conflictividad obrera y estudiantil no hizo más que crecer. Cada vez eran menos los afiliados a las organizaciones oficiales del franquismo, al tiempo que crecía la militancia clandestina a las organizaciones prohibidas por la dictadura.



La evolución social, la situación internacional, la pérdida de influencia de las instituciones franquistas y la enfermedad de Franco llevaron a muchos políticos del régimen a instar al dictador a que asegurase la sucesión. En el verano de 1969, Franco presentó ante el Consejo del Reino la designación de Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de Rey.

A finales de 1969, tras el estallido del mayor escándalo financiero del franquismo: el caso Matesa; se produjo un relevo en el Gobierno que supuso la sustitución de los tecnócratas, algunos de los cuales se habían visto envueltos en el escándalo financiero. El nuevo Gobierno supuso el triunfo de Carrero Blanco, ya que estaba formado por hombres de su confianza vinculados al Opus Dei y Acción Católica.

Con un Franco cada vez más enfermo, el nuevo Gobierno se dedicó únicamente a una labor puramente administrativa, sin realizar ningún proyecto de envergadura. La situación política era de pura parálisis, mientras que la sociedad se encontraba en ebullición. El franquismo agonizaba y todos eran conscientes. Oficialmente el Estado era católico, pero la Iglesia había dejado de apoyar la dictadura; las huelgas eran ilegales, pero se producían a centenares; el Estado era antiliberal, pero buscaba a toda costa una forma de legitimidad democrática…, en la década de 1970 el franquismo era pura contradicción.

En 1967 se iniciaron las conversaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE) para una posible integración de España en la organización, no obstante, los representantes europeos pusieron unas condiciones que el franquismo estaba muy lejos de cumplir. Unos años antes, en 1961, España se había retirado del protectorado que mantenía en Marruecos, pero las reivindicaciones del país árabe no cesaron y se trasladaron al resto de las posesiones españolas: Ifni, Sáhara, Ceuta y Melilla, así como a la ampliación de las aguas territoriales.

Al mismo tiempo, la reivindicación española del Peñón de Gibraltar en los foros internacionales se encontraba una y otra vez con el escollo del mantenimiento de las colonias españolas en África. Por ello, e influido por las revueltas anticolonialistas, en 1962 el Gobierno español abrió negociaciones para el abandono de las colonias de Río Muni y Fernando Poo, que llegaría en 1968.

Pese a los problemas internos, la actividad diplomática de España a principios de la década de 1970 fue frenética. En 1970 España se convirtió en país asociado a la CEE, lo que suponía un trato preferencial en materia comercial. Se reanudaron las relaciones diplomáticas con la República Democrática Alemana, China, Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Checoslovaquia.

Ese mismo año se firmó un tratado de amistad con Estados Unidos que se reflejó en un viaje del presidente norteamericano a España, todo un acontecimiento para los españoles, y un viaje de Juan Carlos de Borbón a Washington que sirvió para que las autoridades estadounidenses vieran en el príncipe un instrumento para el cambio pacífico después de la muerte de Franco. El viaje también sirvió para que en España se empezase a valorar la figura del príncipe sobre el que hasta entonces había existido una desconfianza generalizada.

Ante el avance de la enfermedad, en 1973 Franco nombró al almirante Carrero Blanco como presidente del Gobierno, delegando en él las funciones ejecutivas. Enfermo, viejo y desinteresado de la política, Franco se recluyó en el palacio de El Pardo y dejó el Gobierno en manos de su más leal colaborador desde hacía años.

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